Por la revista digital venezolana “Misión Verdad”
ESTADO DE EXCEPCIÓN EN ECUADOR
La política ecuatoriana ha alcanzado un nuevo nivel de conflictividad, esta vez sobre los hombros de Lenín Moreno. De esta manera Ecuador, que otrora fue una democracia estable, se abre paso en una espiral impredecible.
Es indispensable no simplificar la crisis ecuatoriana a solo una crisis por razones económicas. La explicación profunda yace en las rupturas de los pactos de gobernabilidad que han tenido lugar en la gestión de Moreno con los liderazgos y formas de cohesión política en el marco de la Revolución Ciudadana.
CONTEXTO Y RUPTURA COMO PUNTO DE PARTIDA
En contexto, la progresiva ruptura de Moreno con Rafael Correa tuvo su cúspide en la incorporación de la judicialización como fenómeno regional en la política ecuatoriana, con las acciones judiciales contra el exvicepresidente Jorge Glas e importantes sectores del oficialismo del momento (ahora «correísmo»).
El móvil es político: propiciar una ruptura y consumar con ello una modalidad de «golpe de Estado» por la vía del fraude político, posterior a una elección.
Dicho de otra manera, al propiciarse una separación de las tendencias del «correísmo» y con el encarcelamiento de Glas, Moreno tuvo la facultad de maniobrar a sus anchas, sin obstáculos partidistas en la política ecuatoriana, devolviendo al Ecuador hacia agendas idénticas al ciclo neoliberal que precedió a la Revolución Ciudadana.
La gestión de Moreno puertas adentro de Ecuador se ha caracterizado por importantes reestructuraciones económicas que dieron al traste con la política de bienestar de años anteriores. En 2018, el gobierno ecuatoriano, a la vieja usanza neoliberal, efectuó aumentos sensibles en los precios de los combustibles y realizó prácticas de reducción del presupuesto del Estado.
Moreno también fue artífice del reencuentro de su país con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y con otros entes multilaterales de endeudamiento, luego de años de distanciamiento de estas instancias durante el ciclo de Correa.
Ello pudo apreciarse mediante la presencia de una misión técnica del FMI en febrero de este año, en la cual el ente analizaba la posibilidad de un «rescate» a la economía ecuatoriana.
Ecuador anunció su endeudamiento por unos 10 mil 200 millones de dólares con los bancos multilaterales. Del monto comprometido, unos 6 mil millones de dólares provendrían de seis organismos multilaterales. Estos son: Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Banco Europeo de Inversiones, Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) y Agencia Francesa de Desarrollo.
El resto del financiamiento provendría del FMI, por el orden de unos 4 mil 200 millones de dólares.
Entretanto y puertas afuera, Ecuador volvió a los rediles de la política articulada por Estados Unidos en el continente cuando Moreno se sale del corretaje ALBA-TCP y se encuadra en instancias como el Grupo de Lima para incorporarse al cerco contra Venezuela, colocando al país en la acera de los gobiernos de la derecha regional.
Ecuador entrega a Julian Assange al Reino Unido, fundador de WikiLeaks, quien estaba refugiado en la embajada ecuatoriana en Londres. Para muchos, la entrega del periodista y activista australiano estaría pactada con el gobierno estadounidense para que el gobierno de Moreno obtuviera favores del FMI, tal como ha sido hasta ahora.
La caotización transversal que está teniendo lugar en la política ecuatoriana es parte de la sedimentación de las formas de gobernanza de Ecuador, un cuadro de desarticulación institucional interna acompañado de la reedición de pesadillas del pasado.
En efecto, el resultado para Moreno ha sido su proceso acelerado de deslegitimación, característico de una crisis política profunda que está arrastrando a la sociedad ecuatoriana a un nuevo bucle de caos y fragmentación que la sociedad no conocía desde hace años.
LAS MEDIDAS DETONANTES
El pasado 2 de octubre Lenín Moreno se dirigió a la nación para anunciar medidas de reacomodo financiero a favor del Estado ecuatoriano, en clara coherencia con las políticas de reducción de gastos del ejecutivo, afectando con ello sensiblemente a la población en dos temas esenciales.
El primero de ellos consiste en la puesta de mano sobre la nómina pública, mediante la reducción del periodo vacacional de los empleados públicos de 30 a 15 días y la determinación de que los trabajadores «deberán aportar» mensualmente con un día de salario. Ello implica una caída evidente del salario nominal de los asalariados públicos, lo que es una forma no tan camuflada de reducción salarial.
El segundo ítem, el más importante, va con la erradicación de las políticas de subsidio al combustible, la liberación de los precios de ellos, medida que trae consigo los consecuentes aumentos que recaen en toda la cadena de bienes y servicios vinculada al transporte, que van desde alimentos hasta transporte público, generando consigo un impacto inflacionario aún inestimable, pero sin dudas lesivo a la población.
Entretanto el FMI alabó el miércoles las medidas de Lenín Moreno indicando que tenían como objetivo «mejorar la resiliencia y la sostenibilidad de la economía ecuatoriana», señaló el organismo en un comunicado difundido en Washington.
Paradójicamente para el FMI, el anuncio del gobierno ecuatoriano «incluyó decisiones importantes para proteger a los pobres y más vulnerables, así como para generar empleo en una economía más competitiva», sin embargo esa no es la percepción palpable en las calles ecuatorianas.
REACCIÓN SOCIAL Y ESTADO DE EXCEPCIÓN
Este jueves 3 de octubre, el estado de las calles ecuatorianas en las principales ciudades y carreteras fue de bloqueo casi absoluto, a causa de un paro organizado por los sectores transportistas, a saber, taxistas, unidades autobuseras y camioneros. Se generaron trancas por las alzas a los combustibles.
Sin embargo, han tenido lugar un conjunto de movilizaciones sociales no organizadas, de grupos adversos a Moreno y otros como estudiantes e indígenas que, sin mayor cohesión política, han reaccionado en las calles como gesto de rechazo. Fueron reportados fuertes disturbios en Quito y Guayaquil, difundiéndose imágenes en redes sociales de saqueos y caos generado por los bloqueos.
En efecto, las expresiones de desorden público se incrementaron en horas de la tarde y se comenzó a reproducir un cuadro de un estallido social incipiente, que evocó por sus similitudes a los eventos en Caracas en 1989, guardando las debidas particularidades.
El gobierno ecuatoriano, también en coincidencia con Caracas en 1989, decidió aplicar un estado de excepción que entrará en vigor durante 60 días, según fuentes oficiales.
Según la Constitución ecuatoriana en su Sección Cuarta y sobre los estados de excepción, artículo 164, el mandatario ecuatoriano puede disponer de las Fuerzas Armadas en las calles, así como cerrar puertos, aeropuertos y pasos fronterizos.
También está facultado para trasladar la sede de gobierno a cualquier lugar del territorio, puede disponer censura previa en la información de los medios de comunicación social con estricta relación a los motivos del estado de excepción y a la seguridad del Estado, y también puede utilizar los fondos públicos destinados a otros fines, excepto los correspondientes a salud y educación.
Esta medida, que podría considerarse desproporcionada, coloca al gobierno ecuatoriano en el ejercicio de una administración en circunstancias de gran emergencia política, un punto de ebullición y contradicción en la que Moreno ha asumido una conducción «clásica» del problema, por la vía de la discreción presidencial, sin sostenerse en el parlamento u otras instancias institucionales, y sin programar otros mecanismos frente a los sectores sociales en las calles.
Moreno recalcó la «firmeza» de sus medidas, las cuales van en plena comparecencia con los nuevos acreedores de Ecuador. El FMI, instancia que lidera el proceso de endeudamiento y ahora arbitraje de facto de la economía ecuatoriana, tendrá que analizar en lo sucesivo el cuadro de inestabilidad política que ha sobrevenido y sumar al país, nuevamente, a la lista de países donde concurre una estela de caos político a causa de sus «préstamos».
Con los desencadenantes del estado de excepción aún por definirse, la política ecuatoriana se caldea, alcanzando un nivel de crisis en la que el gobierno de Moreno luce desarticulado y endeble. Les sobrevienen ahora las reacciones populares aupadas sensiblemente por razones económicas, pero esto va más allá del «paquetazo» en marcha.
El clima de malestar generalizado en Ecuador viene precedido por los factores que han anticipado esta crisis, como el fraude político post-electoral del viraje de Moreno, el resquebrajamiento político del gobierno y el viraje integral del gobierno de Ecuador.
En ese país campea desde hace un par de años la sensación de que a una gran mayoría política que ganó las presidenciales le fue arrebatada el resultado electoral desde la propia silla presidencial. Ese factor anímico, de pérdida de la credibilidad política y de la dirección, ha sido un acelerador de los desencantos y una sensación generalizada de frustración contra Moreno y contra el gobierno.
El cuadro subjetivo para una reacción solo necesitaba un factor desencadenante que ha llegado justo ahora de la mano del FMI y una elite económica reavivada, que ha aplaudido todos los gestos de desmantelamiento que emprendió el actual mandatario.
¿ QUIEN GOBIERNA EN PERU ?
En menos de 48 horas el gobierno de Martín Vizcarra disolvió el Congreso del Perú, este a su vez lo suspendió por un año y nombró presidente en funciones a la vicepresidenta Mercedes Aráoz, quien más tarde anunció en un tuit su renuncia al cargo y declinación al nombramiento.
La primera pregunta que se puede hacer cualquiera que presencia la cadena de eventos que ocurren en el palacio de gobierno y el Congreso es: ¿quién es el presidente del Perú?
Las razones de dicha pregunta, obviamente, obedecen al interés mediático que despertó la crisis institucional del gobierno de Vizcarra.
Por horas, ha sido centro del debate en las redes sociales, motivo de interacciones entre expertos e iniciados en el tema. De allí partieron otras dudas sobre términos jurídicos, interpretaciones de la Constitución y atribuciones presidenciales.
Seguirle el paso a estas menudencias impide que profundicemos en aspectos políticos de mayor aporte a este capítulo de la serie peruana «Cuestión de confianza».
Porque lo trascendental de este conflicto de poderes no es quién ganará la pelea que libran el parlamento y el ejecutivo por la autoridad para gobernar el país (aunque es válido hacer apuestas). Si Vizcarra prevalece o no en los próximos días, no cambiará en nada el clima de conflictividad que se impone desde hace varios años en la política interna.
PERÚ EN PERMANENTE CRISIS POLÍTICA E INSTITUCIONAL
La transición democrática de Perú comenzó hace apenas unas dos décadas con la caída simbólica del régimen fujimorista, subrayando lo «simbólica» porque en los hechos la mafia de esta familia nunca ha abandonado los pasillos de la Casa de Pizarro.
Evidencia de ello es que Keiko Fujimori, en prisión desde 2018, recibió 536 visitas entre enero y junio de este año. Los más asiduos visitantes de la hija del ex presidente Alberto Fujimori fueron los congresistas de derecha que lideran el parlamento peruano.
En efecto, el sistema político y las instituciones que sucedieron a la dictadura se exhiben débiles y fragmentados. Cosa contraria sucede con los promotores del neoliberalismo, que no tuvieron ninguna traba para preservar su tejido en el sistema económico nacional.
Comenzaron comprando a políticos para evitar la intromisión del Estado en asuntos de negocios y cada acto de corrupción fue archivado a la espera de ser utilizado magistralmente en las pugnas internas entre nuevas y viejas élites políticas. ¿Compiten por ver quién es más corrupto? En menos de lo que imaginen saldrán a relucir las evidencias y recursos legales que favorezcan al aliado de turno.
Las corporaciones lograron una maniobra de distracción envidiable, quitando y colocando gobiernos sin que ninguna parte del descrédito público afectara al sector privado.
Desde Alejandro Toledo fugándose a Estados Unidos para escapar de las acusaciones de recibir sobornos de la constructora brasileña Oderbrecht hasta Alan García quitándose la vida momentos antes de ser procesado por la misma trama de corrupción, el país observó con vergüenza cómo uno a uno los mandatarios que ocuparon la silla presidencial en el siglo XXI terminaron enfrentando cargos ante la justicia.
DIME DE QUÉ PRESUMES Y TE DIRÉ DE QUÉ CARECES
¿Es este el modelo ejemplar que debe seguir Venezuela? Una pregunta que viene al caso al tener en cuenta la participación y protagonismo de esta nación en el Grupo de Lima.
Doce países se reunieron en la capital limeña para conformar esta instancia que se vendió como la plataforma del hemisferio que, se suponía, iba a «resolver» el conflicto venezolano. Para nadie es un secreto que el verdadero interés de conformar este bloque era lograr una legitimidad regional que ampliara la estrategia de bloqueo internacional, bajo los designios de la Administración Trump.
Honestamente, estos países nos han hecho muy sencilla la tarea de señalarlos por las mismas cosas de las que nos acusan, ya sea de violación de derechos humanos, apoyo a organizaciones criminales o corrupción. Por supuesto, cómo olvidarlo ahora, también de crisis institucionales.
Tuvimos la oportunidad con la caída del «perro simpático» Pedro Pablo Kuczynski, el año pasado. Ironía de la vida que lo alcanzara la justicia antes de poder ver concretado una operación equivalente contra Nicolás Maduro. Le faltó tiempo… y pruebas.
AHORA ES EL TURNO DEL TECNÓCRATA VIZCARRA
Sí, esta semana le nació un protogobierno a Martín Vizcarra en las puertas del Congreso. Que además guarde similitudes con el gobierno fake de Juan Guaidó es otra de esas coincidencias interesantes para contrastar escenarios. Pero que no se sienta amenazado el antichavismo, nadie en Lima tuvo el atrevimiento de autojuramentarse en una plaza.
Las potencias de Occidente no parecen darle mucho crédito a los Guaidós peruanos, quizá aún no les hace ruido el mandato de Vizcarra o prefieren que nadie en la región opaque el experimento venezolano, por muy desgastado que se encuentre.
En el caso de Vizcarra y los congresistas de Fujimori, la OEA se negó a blanquear la operación, reconociendo al Tribunal Constitucional del Perú como única entidad para zanjar el conflicto. Tampoco hubo mayor revuelo internacional por la disolución del parlamento.
No es comparación odiosa pero en Venezuela la Asamblea Nacional, a pesar de su desacato y su firme apoyo a la injerencia estadounidense, no significó la pérdida del control gubernamental del país.
Al gobierno peruano se le abre la oportunidad de romper con la maldición del sillón de Pizarro: solo debe dejar de fingir que puede dictar cátedra de algo que carece y observar la lección venezolana, que mantiene el orden constitucional en un nivel superior de asedio. Si de algo puede servir nuestra experiencia tras el asedio de Lima.
1. Un capitalismo en la UCI / Acumulación bélica de capital.
