España: la imposible vuelta a la «normalidad»

LOS FUTUROS DEL CAPITALISMO ESPAÑOL

por Erika González y Pedro Ramiro

“Tenemos futuro” reza el lema que en la primavera de 2020 – cuando el capitalismo global se enfrentaba a una recesión que no se había visto desde hace un siglo- están impulsando 35 grandes empresas españolas, entre ellas el Santander, Iberdrola, BBVA, Inditex, Naturgy, Merlín o El Corte Inglés.

«España son nuestras empresas», decía el eslogan de la campaña publicitaria que ocho años atrás, con la prima de riesgo en caída libre y el país al borde del rescate, lanzaron multinacionales como Repsol, Telefónica, Acciona, Planeta, Mapfre y Endesa.

La apuesta, ahora como entonces, es similar: recomponer un discurso que combine la identidad nacional con una receta económica centrada en el fortalecimiento de los negocios empresariales como vector fundamental para salir de la crisis. «Esto lo superamos juntos», dicen los anuncios del Banco Santander; «uniendo todas nuestras energías», afirma Iberdrola.

Para mantener los mecanismos habituales de extracción de riqueza y a la vez reforzar su legitimación social, los gigantes empresariales han publicitado sus donaciones a la sanidad pública. Siguiendo la línea filantrópica inaugurada hace unos años por Amancio Ortega, las mayores multinacionales españolas han anunciado sus aportaciones a un fondo empresarial para la compra de material sanitario.

Temiendo que su reputación pudiera verse dañada, los buques insignia del capitalismo español no se han acogido por el momento a la vía de los ERTES como un rescate encubierto. De hecho, para anticiparse a las críticas y fortalecer su imagen de marca, algunas de estas empresas han anunciado reducciones de sueldo para sus máximos directivos; otras han suspendido el pago de dividendos para este año. De lo que se trata, básicamente, es de reflotar la marca-país para asegurar la centralidad de las grandes corporaciones en el modelo socioeconómico.

Antes de la pandemia, bajo la aparente bonanza de la recuperación de los beneficios empresariales, subyacía un mar de fondo marcado por la incapacidad del spanish model para generar empleo en condiciones aceptables y por su tendencia al empeoramiento generalizado de las condiciones de vida.

La posición periférica de España en el sistema-mundo y su especialización económica en los sectores de la construcción y el turismo, unidas a la imposibilidad de recomposición de la clase media en torno a otro ciclo largo de expansión inmobiliario-financiera, ya apuntaban directamente a una crisis orgánica del capitalismo español. Ahora, con el hundimiento del sector turístico y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, ejes de la especialización económica del país, han terminado de reventar las costuras del «milagro español».

En este contexto, más allá de las previsiones sobre la posible recuperación post-pandemia, el escenario más verosímil es el de una serie continua de crisis, impagos, reestructuraciones y quiebras de grandes compañías.

Va a ser materialmente imposible que las multinacionales españolas puedan continuar con el business-as-usual; con garantizar su propia supervivencia, en un contexto de caída del consumo y de aumento del endeudamiento, ya será suficiente. De ahí que los líderes de la clase político-empresarial estén presionando al gobierno para asegurarse de que no se impulsen nuevas normativas laborales o fiscales. Con las apelaciones al «futuro» en primera persona del plural, se trata de blindar las condiciones en las que ha venido operando el capitalismo español desde mediados del siglo pasado.

BREVE HISTORIA
 DEL CAPITALISMO ESPAÑOL

La mayoría de las grandes multinacionales que en estos momentos lideran el Ibex-35 se crearon hace un siglo y comenzaron a hacer fortuna tras la Guerra Civil. Los primeros años de la dictadura franquista estuvieron marcados por el aislamiento internacional y el impulso de la industrialización a cargo del Estado.

A partir de 1959, con el Plan de Estabilización, se inicia la época que ha sido bien conocida como desarrollismo. Se volvieron a abrir las puertas a la inversión extranjera y se consolidaron las medidas que conducirían al famoso «milagro español». La integración de España en la economía-mundo occidental se articuló esencialmente en torno a tres ejes: industria, construcción y turismo.

Al final del franquismo no se desencadenó ninguna ruptura. Al contrario, con los Pactos de la Moncloa y con las reformas económicas de finales de los años setenta, se sentaron las bases para establecer una línea de continuidad con los privilegios y las propiedades acumuladas por las clases dominantes desde la posguerra. Comenzaba la modernización, caracterizada por la incorporación de España a la globalización neoliberal. Los cuatro gobiernos del PSOE que se sucedieron entre 1982 y 1996 pilotaron este proceso.

 No en vano, los ejecutivos «socialistas» fueron los que promovieron la mayor liberalización de la economía, el aumento de la flexibilización de las condiciones laborales y la reconfiguración de todo el sistema de empresas públicas.

La clave de bóveda de la reconversión acelerada de la economía española fue la incorporación del país a la CEE y la extensión de las recetas neoliberales a partir de la aprobación del Tratado de Maastricht.

La labor que ya se había iniciado con los ejecutivos de Felipe González fue retomada aún con más fuerza por José María Aznar en sus dos legislaturas como presidente del gobierno (1996-2004). En esos años acudieron a España gran cantidad de capitales extranjeros que se dirigían a la economía productiva, a inversiones bursátiles y al sector inmobiliario, que se estaba revalorizando a gran velocidad.

La reestructuración del sector público empresarial español se acometió a través de dos procesos complementarios: la privatización de unas compañías y la reorganización de otras. Al término de la primera etapa del gobierno del PP, la mayoría de las grandes empresas estatales, como Endesa, Telefónica, Repsol, Gas Natural, Argentaria e Iberia, entre otras, habían sido totalmente privatizadas. La conversión en multinacionales tuvo su punto culminante cuando se acercaba el final del siglo XX, con América Latina como destino prioritario para lo que fue la década dorada del capitalismo español.

La aplicación coordinada, a uno y otro lado del Atlántico, de las reformas impuestas por el Tratado de Maastricht y el Consenso de Washington fue la llave que abrió la puerta para el salto de escala de las empresas españolas. Solo unos años después, a partir de la experiencia y el capital acumulados con sus negocios en América Latina, donde las grandes empresas españolas ocuparon una posición de privilegio en muchos sectores estratégicos, estas darían el salto también a otras regiones. En todo el proceso de expansión de las transnacionales españolas se mantuvo un elemento fundamental: el apoyo que les brindaron los diferentes gobiernos. El PSOE y el PP siempre estuvieron de acuerdo en consensuar la expansión global de las multinacionales españolas como una «política de Estado».

La cuarta etapa del capitalismo español comienza en 2008 con el estallido de la crisis financiera y llega hasta nuestros días, en que asistimos al cierre del largo ciclo expansivo que han capitaneado los buques insignia de la marca España. Tras el crash global y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, fue posible sostener temporalmente la recuperación de los beneficios empresariales a través de distintas vías: ampliando operaciones a otros sectores y mercados, rebajando salarios y condiciones laborales, obteniendo inyecciones de liquidez mediante compras de deuda pública y privada, generando nuevas burbujas especulativas, acelerando las desinversiones y la venta de activos, etc. Pero nada de eso va a servir para generar otro ciclo largo de crecimiento y acumulación. Con un horizonte económico muy complicado, que en el caso español va a agravarse especialmente por su dependencia estructural de los sectores turístico e inmobiliario, incluso puede llegar a estar en juego la propia supervivencia del modelo.

LA IMPOSIBLE VUELTA A LA «NORMALIDAD»

El capitalismo español, cuando apenas quedan sectores que privatizar, ni nuevos nichos de mercado a los que dirigirse, ahora que la devaluación salarial y la destrucción ecológica difícilmente pueden aumentar mucho más sin provocar fuertes tensiones sociales, se encuentra muy tocado en su línea de flotación. La citada especialización de la economía española y los réditos de la internacionalización de las grandes corporaciones, que funcionaron como motor del crecimiento de las ganancias empresariales durante las últimas dos décadas y media, han demostrado sus límites.

No va a ser posible volver a la «normalidad» en un país que apenas dispone de materias primas, que ha de importar la mayor parte de los materiales y recursos necesarios para su metabolismo económico, que ya está sufriendo los efectos del cambio climático y la pérdida de biodiversidad, que tiene una tendencia acusada a la destrucción de empleo en momentos de recesión —no digamos ahora que el sector turístico, que en 2019 supuso el 13,4% del empleo total en España, va a perder el año entero— y que ha focalizado su modelo productivo en la extensión del capitalismo rentista y de la que ha sido la especialización clásica de la economía española durante los últimos sesenta años.

A pesar de todo, las instituciones que nos gobiernan siguen con su huida hacia adelante para defender el «milagro español». Mientras la Comunidad de Madrid prepara cambios legislativos para reactivar otro ciclo inmobiliario y su presidenta afirma que «hace falta liberar suelo porque parte de la recuperación vendrá por la construcción, por no limitar el precio de la vivienda», el gobierno español —por boca del ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana— depende que la construcción tiene que convertirse en «palanca para la recuperación del empleo y la economía».

«El sector inmobiliario será una de las locomotoras del país tras el Covid-19», ha dicho la agrupación de promotores urbanísticos de Madrid, con su promesa estrella de crear 250.000 empleos con el macroproyecto de la Operación Chamartín. Herido de muerte el turismo, al capitalismo español solo le queda la otra pata de su especialización económica: el ladrillo. Pero repetir el modelo de «recuperación» post-2008 solo va a servir para profundizar mucho más la brecha social y los impactos ecológicos que ya se habían agravado en la última década.

Estos factores se insertan, además, en un contexto mundial caracterizado por las crecientes tensiones geopolíticas, la mercantilización de la democracia, la emergencia de la crisis socio-ecológica, la injusticia de la división sexual del trabajo y el auge de los neo-fascismos. Con una crisis estructural del capitalismo que viene determinada por tres factores que se refuerzan mutuamente: estancamiento, deuda y desigualdad.

Primero, el prolongado descenso de la tasa de ganancia y de la productividad desde la década de 1970, que imposibilitan el proceso de reproducción del capital y la generación de beneficios al ritmo requerido por los propietarios de las grandes corporaciones. Segundo, unos niveles globales de endeudamiento que no han dejado de aumentar, hasta el punto de encontrarse hoy muy por encima de los volúmenes de deuda alcanzados antes del crash de 2008. Tercero, una creciente brecha social entre las élites económicas que controlan el poder corporativo y la mayoría de la población que sufre los efectos de sus políticas.

En el marco de la profundización de las desigualdades y la crisis socio-ecológica, nos enfrentamos a una disyuntiva estratégica que marcará los próximos tiempos. O se opta decididamente por aplicar medidas redistributivas que compensen la falta de ingresos de amplias capas de la población, o se va a profundizar mucho más la brecha social que ya se había agrandado en la última década con las políticas para fomentar la «recuperación».

Lo primero pasa por un conflicto inevitable con las grandes corporaciones e implica una gigantesca disputa —política, económica, jurídica y cultural— con las instituciones dominantes de nuestro tiempo; lo segundo contribuye a consolidar las dinámicas de desposesión, expulsión y necropolítica que han abonado el terreno para el auge de un nuevo espacio neofascista a escala global.

En el terreno de la conflictividad social, en una disputa de largo recorrido, es donde se van a jugar las posibilidades reales de las organizaciones y movimientos que apuestan por una transformación de las relaciones de poder. Una multitud de luchas y resistencias que caminan, a la vez y de manera dialéctica, de la mano de la exigencia de reformas en el marco regulatorio y de la puesta en práctica de formas alternativas de organización económica.

A partir de nuevos paradigmas y marcos teóricos con los que dar la vuelta a conceptos tan instalados en el discurso dominante como crecimiento, inversión o desarrollo, todas estas propuestas se mueven, aquí y ahora, entre la necesidad de limitar el poder de las grandes corporaciones y la urgencia de poner en práctica alternativas concretas para avanzar en la transición a sociedades poscapitalistas.

NOTAS

“Antes de la pandemia, vivíamos en una etapa que se conoció como la recuperación, que en realidad era una recuperación de los beneficios empresariales. Ya existían factores que apuntaban a una crisis orgánica del capitalismo español.

“Mientras la acumulación de riqueza por los grandes propietarios iba en ascenso, las rentas salariales se precipitaron en sentido contrario. Y se agravan los impactos socio-ecológicos de un modelo depredador del territorio y los ecosistemas”.

LA ESPECIALIZACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS

El turismo supone el 13,7% del empleo total en España. De cada 8 contratos que se firmaron en 2017, uno era para trabajar en la hostelería.

En 2007 España recibió 58,6 millones de turistas y diez años después la cifra ascendió a 82 millones, un récord que le llevó a ser el segundo destino turístico del mundo.

En 2017 se registró el mayor número de compraventas de inmuebles en 10 años.Más del 70% de la riqueza acumulada en España desde los años cincuenta se concentra en los sectores de la construcción e inmobiliario.

LOS PROPIETARIOS DEL CAPITAL

Los inversores extranjeros poseen el 48% del capital de las empresas cotizadas.

Casi la mitad del accionariado de Naturgy y todas las participaciones significativas de Iberdrola están en manos de fondos extranjeros.

Endesa, Iberia y Campofrío están controladas por grupos empresariales de origen italiano, británico y mexicano.

Blackrock, el mayor fondo de inversión del mundo, controla el 4% de la capitalización bursátil del Ibex y participa en el accionariado de todas y cada una de sus 35 empresas.

Los grandes arrendadores del mercado del alquiler son gestoras de fondos de inversión como Blackstone, Lone Star y Cerberus, entre otros.